Comunicado público de la Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF,
frente al COVID-19
Con alimentos, frescos, justos y
de calidad, la Agricultura Campesina, Étnica, Familiar y comunitaria es la
respuesta para construir los planes de emergencia alimentaria frente al COVID
19
“Soy hijo de campesinos y lo digo con orgullo,
campesinos son los míos como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y
que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir” Jorge
Veloza.
Las organizaciones abajo firmantes convocadas por la Red Nacional de Agricultura
Familiar RENAF y con la participación de la direcciones nacionales y
territoriales de Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales
del Cauca nos reunimos de manera virtual el día 3 de abril del 2020 para
discutir la situación actual de las familias vinculadas a organizaciones y
comunidades campesinas, étnicas y comunitarias. Logrando reunir de forma
estable y por más de tres horas a 50 personas representantes de 36
organizaciones de 12 regiones del país.
Realizando una evaluación territorial de las medidas tomadas para decretar el
confinamiento obligatorio nacional, nuestras organizaciones se inscriben en el
marco de la garantía al Derecho a la Alimentación y la Nutrición Adecuada, la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(2007), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Campesinos (2018) y la resolución 464 de lineamientos estratégicos de política
pública para la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria ACFC (2017), y en
tal sentido se suscribe el siguiente comunicado:
De esta manera queremos contribuir al mejoramiento y/o rediseño de las medidas
tomadas por el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales a diez
días de iniciada la medida de confinamiento obligatorio en Colombia ante la
emergencia provocada por el COVID -19, al momento de la reunión nacional, y
teniendo en cuenta las medidas de prolongación confinamiento obligatorio
anunciadas oficialmente. Lo que nos llevan a pensar que este no es un escenario
pasajero. sino una condición que estructurará buena parte de las posibilidades
reales de planeación y planificación nacional, regional y territorial.
• No han sido emitidas ni transmitidas de manera clara y oportuna las medidas
de salubridad que deben tomar las poblaciones campesinas y étnicas para
asegurar su autoabastecimiento y seguir vinculadas, sin riesgo de contaminación,
con los sistemas de abasto alimentarios locales, regionales y nacionales, lo
cual pone en gran riesgo el derecho al cumplimiento efectivo del Derecho a una
Alimentación Adecuada tanto a las poblaciones rurales como a las urbanas. Por
ello, proponemos la construcción y adaptación colectiva de las “Directrices
para la aplicación de principios generales de higiene de los alimentos para el
control de virus en los alimentos” del Codex Alimentarius de la OMS y FAO.
• La ACFC en Colombia representan el 74,1% de las Unidades Productivas
Agrícolas – UPAs del país, lastimosamente no se ha garantizado de manera
efectiva que los alimentos producidos por las familias y organizaciones de la
ACFC pueda llegar de los campos de cultivo y lugares de trasformación propios
de las comunidades a los sitios de abastecimiento local y regional en
condiciones de precio y transporte justo, tanto para las familias productoras,
como para las familias consumidoras. No hay claridad sobre las medidas de apoyo
a nuestros mercados en tanto que las grandes plataformas y superficies reciben
todas las garantías. Por ello, es necesario priorizar el acortamiento de las
redes de distribución, donde los productores y los consumidores sean los reales
beneficiados, con una intermediación útil a este propósito y no sosteniendo una
cadena de especulación y sobreprecios que afectan de manera negativa el
bienestar de las familias y organizaciones de la ACFC, así como también de las
familias consumidoras más vulnerables.
•La mayoría de las canastas que se le están entregando a la población
vulnerable, carecen de alimentos frescos como frutas, tubérculos y verduras,
así como de productos autóctonos y locales que son producidos por la ACFC, lo
cual en una situación prolongada de esta emergencia puede conducir a
deficiencias nutricionales de la población y a que los productos de los
campesinos y comunidades étnicas se pierdan.
• Las formas de producción y transformación de la ACFC han cambiado
sustancialmente en los últimos años, dando un giro sustancial hacia prácticas
de agriculturas sostenibles que producen alimentos saludables de muy alta
calidad conservando la base de recursos naturales. Estas prácticas son
invisibilizadas por las cadenas de intermediación, donde el precio se fija con
base en la oferta del intermediario. Este control de la intermediación conduce
a la especulación en los canales de distribución, incrementada por la
emergencia. Por ello, es necesario intervenir y/o crear canales de distribución
alternativa, que permitan llegar de forma más directa, progresiva y masiva a
toda la población, mediante los canales de distribución alternativos,
tradicionales con canales de información de precios abiertos, asequibles y
democráticos y las compras públicas como estrategia controlada por el gobierno
nacional y local.
• Hoy día son los grandes intermediarios (Centrales mayoristas y grandes
superficies) los llamados a abastecer de alimentos a una población confinada.
Sin embargo, no se visibilizan, fortalecen y apoyan las formas alternativas de
distribución y comercialización de alimentos de la ACFC, como los mercados
Campesinos, agroecológicos y étnicos que llevan más de 20 años funcionando en
el país, respetando los precios a la producción, reconociendo y resaltando el
importante rol multidimensional de la agricultura familiar y generando la
posibilidad real de acceso de la población colombiana más pobre a alimentos
saludables. Es de resaltar que muchas administraciones locales y entidades
tienen convenios y contratos Por ello, se deben reactivar los mercados
campesinos que se realizan en toda la geografía nacional.
• Una queja generalizada en todo el país, es como la ausencia de transporte
legal en las veredas ha incrementado los costos de transporte de los productos
agrícolas por encima del 100% o incluso hasta más.
• En nuestras costas colombianas, muchas familias que dependen de la pesca
artesanal y de la agricultura tradicional se encuentran en una difícil
situación, ya que no existe una garantía para la comercialización de productos
derivados de las faenas de pesca artesanal en regiones del país que se
conectaban directamente al turismo y al comercio por vía aérea, lo cual pone en
grave riesgo de vulnerabilidad a los pescadores y sus familias. Estas y muchas
familias productoras desconectadas de los sistemas de comercialización por las
anteriores circunstancias están entrando rápidamente en condiciones de alta
vulnerabilidad.
• Las economías populares urbanas y rurales vinculadas dinámicamente con la
producción alimentaria nacional desde los toldos, restaurantes populares de las
plazas públicas y comedores comunitarios son un baluarte social, cultural y
económico invisibilizados y en riesgo inminente de desaparecer.
• No se han respetado los acuerdos de paz firmados en 2016, en especial en el
Punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” y la Sentencia T-236/17
de la Corte Constitucional que estableció cinco elementos que se deben cumplir
para aplicar el principio de precaución. La reactivación del “Programa de
Erradicación de Cultivos de uso Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el
herbicida Glifosato – PECIG” que promueve el actual gobierno, es una acción
enfocada solo en un plano militar y va en contra de la evidencia científica
sobre sus daños a la salud y los ecosistemas que causa el uso de este
herbicida. Por ello, nos unimos a las exigencias de las asociaciones
campesinas, beneficiaros del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, diputados de los departamentos de Cauca,
Guaviare y Putumayo que se enfocan principalmente en volver a la sustitución de
cultivos de manera voluntaria, el PNIS que quedó definido tras la firma del
acuerdo de paz. Las acciones de erradicación por aspersión solo agravarán la
condición de las familias confinadas por la crisis del COVID -19 y que dependen
de lo poco que alcanzaron a sembrar en sus parcelas para el autoconsumo.
• Una de las situaciones más delicadas expuesta por los representantes de las
36 organizaciones presentes, es el tema de seguridad en los territorios. Es evidente
que después de la firma de los acuerdos no se ha garantizado el control
institucional Estatal del territorio colombiano, alta y progresivamente
financiado por la cooperación internacional para la paz. De tal forma que, una
vez desarticulada la lógica armada de las FARC, los actores armados ilegales
están de regreso para tomar el control territorial a costa de la vida de
líderes sociales, autoridades étnicas y el desplazamiento y/o confinamiento de
poblaciones enteras que hoy se recrudece en varios lugares del país. Todo ello,
agravando las circunstancias ya difíciles que provoca el confinamiento
obligatorio declarado por la emergencia del COVID -19.
• Las fronteras del país están siendo militarizadas en una estrategia que
combina acciones de defensa de fronteras frente al COVID-19 y articulación a
una tensión geopolítica internacional que no se compadece con la capacidad de
respuesta médica regional que necesitamos priorizar para garantizar la salud de
todas y todos.
• Las medidas de emergencia prometen ayudas a los productores como los créditos
bancarios, en estas circunstancias, estas medidas solo les pueden generar
ciclos de deuda, miseria y despojo más graves que los que ya viven. El
endeudamiento de las familias campesinas y étnicas no es una solución ahora,
como si lo puede ser el reconocimiento de sus productos y la generación de
mecanismos que aseguren que éstos puedan comercializar sus productos y reciban
una remuneración justa por su trabajo.
Las organizaciones aquí reunidas proponemos que el Gobierno Nacional y los
gobiernos departamentales y locales nos escuchen para que podamos ayudar a
construir sus planes de emergencia, atendiendo no solo nuestras dificultades,
sino también las propuestas que llevamos construyendo por años y que en circunstancias
igualmente difíciles nos han protegido de la injusticia e inequidad, nos han
permitido sobrevivir en nuestros territorios y proveer alimentos y servicios a
las ciudades.
• La población rural en las comunidades campesinas y étnicas, así como los trabajadores
rurales necesitan conocer y tener acceso real a las medidas e implementos que
garanticen su seguridad, los gobiernos locales y regionales tienen que
garantizar que la información e implementos de protección lleguen a las
comunidades.
• Proponemos garantizar la protección de las personas que por sus faenas se
ponen en riesgo de contacto con otras personas en actividades de producción,
distribución y comercialización.
• Ejemplos de articulación de las organizaciones con la institucionalidad local
en Antioquia y Quindío muestran que la producción de la ACFC y sus canales de
distribución pueden adecuarse a las circunstancias y pasar de mercados
presenciales al aire libre a entregas de canastas en puntos fijos o mercados a
domicilio. Pero se necesita voluntad institucional para garantizar acceso real
en lugares adecuados para realizar esta operación de forma segura; garantizar
espacios que funcionen como centros de acopio descentralizados, así como
transporte de abasto y distribución.
• Proponemos que nuestras semillas y los conocimientos que hemos adquirido para
hacer producir nuestras tierras de formas autónomas y diversas, circulen hoy
más que nunca para volver a sembrar el campo colombiano con nuestros propios
alimentos.
• Proponemos garantizar una estrategia nacional de siembra diversa de cultivos
transitorios de corto plazo, así como la cría y manejo de especies animales
domesticas en silvopastoreo con los cuales la Agricultura Campesina Familiar y
Comunitaria pueda autoabastecer a sus comunidades y abastecer el país
rápidamente, fortaleciendo los mercados con nuestros productos y evitando
cualquier tipo de emergencia alimentaria nacional.
• Proponemos que se adapten estrategias de protección a las economías populares
alimentarias que mantienen el patrimonio cultural alimentario del país para que
puedan mantenerse vivas y vinculadas a los escenarios de emergencia
alimentaria.
• Exigimos que se detengan todas las formas de violencia y que todos los
actores armados nacionales o internacionales paren sus acciones bélicas con
consecuencias sobre el territorio nacional, generando más presiones para las
comunidades por el control territorial e imposiciones insoportables para el
sistema de salud, ya de suyo bien debilitado en la carrera por contener la
emergencia del COVID -19.
• Exigimos detener todas las formas de erradicación de cultivos de uso ilícito
vía aspersión aérea, las cuales pueden dejar sin comida miles de familias que
se acogieron a las medidas PNIS.
• Proponemos que los Planes de Desarrollo con Enfoque territorial PDET sean
priorizados de cara a estas circunstancias, teniendo en cuenta el
fortalecimiento de la producción local, del sistema de salud público y de
garantizar la educación de las niñas, niños y jóvenes rurales.
• Proponemos que se ubiquen con carácter urgente los hijos e hijas de familias
campesinas y de comunidades étnicas que fueron a estudiar a las ciudades y no
pueden regresar ni tampoco recibir la ayuda de sus familias para sobrellevar la
medida de cuarentena.
• Proponemos que se genere una estrategia rápida en la que se puedan vincular
las mujeres y los jóvenes hijos de familias campesinas y pertenecientes a
comunidades étnicas para el desarrollo de emprendimientos innovadores en el
contexto rural que permitan la generación de alternativas para atender la
emergencia generado por el COVID-19
• Exigimos una propuesta rápida y clara respecto a la manera como será asumida
la continuidad de la educación de nuestros niños y niñas cuando la mayor parte
de nuestros territorios y comunidades no cuentan con acceso a internet, medios
tecnológicos ni el conocimiento para continuar impartiendo la educación
descontextualizada que venían recibiendo nuestros hijos y que hoy está
suspendida.
• Proponemos que se reconozca y estimule desde los medios y el sistema las
prácticas de salud preventiva que históricamente han practicado las familias y
comunidades del contexto rural como el empleo de plantas medicinales y
aromáticas.
• Proponemos que se ubique con carácter urgente las familias de la ruralidad dispersa
que no pueden salir de sus casas ni llevar sus productos a los puntos de
distribución o venta y se les garantice la alimentación suficiente y adecuada.
• Proponemos que se reconozcan y trabajen los casos de violencia intrafamiliar,
extendiendo los planes de emergencia y medidas de atención psicosocial.
07 abril de 2020
Suscriben
este documento las siguientes organizaciones.
- Asociación
de Pescadores de Cordel Apescordel, Golfo de Morrosquillo
- Asociación
de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC
- Asociación
de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila Asocooph
- Asociación
de Organizaciones Campesinas Populares El Común, Santander
- Asociación
Tierra y Paz, Urabá
- Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos ANUC Mocoa
- Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos ANUC Zipaquirá
- Asociación
de Desarrollo Comunitario del Quindío ADECOQUIN
- Asociación
de Trabajo Interdisciplinario ATI
- Alianza
por la Salud Alimentaria, Cauca
- Coordinador
Nacional Agrario CNA / Cajibío
- Corporación
ECOCAMPO, Cauca
- Corporación
Compromiso, Santander
- Corporación
Desarrollo Solidario CDS, Montes de María
- Corporación
Buen Ambiente Corambiente – Bucaramanga, Santander
- Corporación
de Estudios Educación e Investigación Ambiental CEAM – Medellín, Antioquia
- Corporación
para el Desarrollo Sustentable – Roldanillo, Valle
- Corporación
Casa Amazonia – Mocoa Putumayo
- Corporación
Ambiental para el Fomento del Turismo Comunitario del Caquetá Corcaraño
- Comité
de Integración del Macizo Colombiano CIMA / Cauca
- Comité
de Integración del Macizo Colombiano CIMA / Nariño
- Comité
de integración Regional Salsa Bogotá. Cundinamarca
- Epsagro
Agropacífico, Chocó
- Foro
Social Panamazónico FOSPA,
- Fundación
Social Utrahuilca Fundautrahuilca – Neiva, Huila
- Fundación
Activos Culturales Afro ACUA
- Grupo
de Investigación en Agroecología GIA – UN Palmira.
- Grupo
Interinstitucional y Comunitario para la Pesca Artesanal GICPA, Chocó
- Instituto
Popular de Capacitación IPC, Medellín – Antioquia
- Mercado
de la Tierra -Slow Food – Bogotá, Cundinamarca
- Mercado
Agroecológico del Quindío, Armenia
- Mercado
Tierra Viva – Bogotá – Cundinamarca
- Merca
Orinoquia – Meta
- Organización
Tres Colibrís, Cundinamarca
- Plataforma
de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas
- Red
Colombiana de Agricultura Biológica RECAB, Medellín – Antioquia
- Red
de Artesanos Mesa Larga – Popayán, Cauca
- Red
de Mercados Agroecológicos del Valle REDMAC, Valle del Cauca