Comunicado público de la Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF, frente al COVID-19




Con alimentos, frescos, justos y de calidad, la Agricultura Campesina, Étnica, Familiar y comunitaria es la respuesta para construir los planes de emergencia alimentaria frente al COVID 19

 

“Soy hijo de campesinos y lo digo con orgullo, campesinos son los míos como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir” Jorge Veloza.

Las organizaciones abajo firmantes convocadas por la Red Nacional de Agricultura Familiar RENAF y con la participación de la direcciones nacionales y territoriales de Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales del Cauca nos reunimos de manera virtual el día 3 de abril del 2020 para discutir la situación actual de las familias vinculadas a organizaciones y comunidades campesinas, étnicas y comunitarias. Logrando reunir de forma estable y por más de tres horas a 50 personas representantes de 36 organizaciones de 12 regiones del país.

Realizando una evaluación territorial de las medidas tomadas para decretar el confinamiento obligatorio nacional, nuestras organizaciones se inscriben en el marco de la garantía al Derecho a la Alimentación y la Nutrición Adecuada, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (2018) y la resolución 464 de lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria ACFC (2017), y en tal sentido se suscribe el siguiente comunicado:

De esta manera queremos contribuir al mejoramiento y/o rediseño de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales a diez días de iniciada la medida de confinamiento obligatorio en Colombia ante la emergencia provocada por el COVID -19, al momento de la reunión nacional, y teniendo en cuenta las medidas de prolongación confinamiento obligatorio anunciadas oficialmente. Lo que nos llevan a pensar que este no es un escenario pasajero. sino una condición que estructurará buena parte de las posibilidades reales de planeación y planificación nacional, regional y territorial.

• No han sido emitidas ni transmitidas de manera clara y oportuna las medidas de salubridad que deben tomar las poblaciones campesinas y étnicas para asegurar su autoabastecimiento y seguir vinculadas, sin riesgo de contaminación, con los sistemas de abasto alimentarios locales, regionales y nacionales, lo cual pone en gran riesgo el derecho al cumplimiento efectivo del Derecho a una Alimentación Adecuada tanto a las poblaciones rurales como a las urbanas. Por ello, proponemos la construcción y adaptación colectiva de las “Directrices para la aplicación de principios generales de higiene de los alimentos para el control de virus en los alimentos” del Codex Alimentarius de la OMS y FAO.

• La ACFC en Colombia representan el 74,1% de las Unidades Productivas Agrícolas – UPAs del país, lastimosamente no se ha garantizado de manera efectiva que los alimentos producidos por las familias y organizaciones de la ACFC pueda llegar de los campos de cultivo y lugares de trasformación propios de las comunidades a los sitios de abastecimiento local y regional en condiciones de precio y transporte justo, tanto para las familias productoras, como para las familias consumidoras. No hay claridad sobre las medidas de apoyo a nuestros mercados en tanto que las grandes plataformas y superficies reciben todas las garantías. Por ello, es necesario priorizar el acortamiento de las redes de distribución, donde los productores y los consumidores sean los reales beneficiados, con una intermediación útil a este propósito y no sosteniendo una cadena de especulación y sobreprecios que afectan de manera negativa el bienestar de las familias y organizaciones de la ACFC, así como también de las familias consumidoras más vulnerables.

•La mayoría de las canastas que se le están entregando a la población vulnerable, carecen de alimentos frescos como frutas, tubérculos y verduras, así como de productos autóctonos y locales que son producidos por la ACFC, lo cual en una situación prolongada de esta emergencia puede conducir a deficiencias nutricionales de la población y a que los productos de los campesinos y comunidades étnicas se pierdan.

• Las formas de producción y transformación de la ACFC han cambiado sustancialmente en los últimos años, dando un giro sustancial hacia prácticas de agriculturas sostenibles que producen alimentos saludables de muy alta calidad conservando la base de recursos naturales. Estas prácticas son invisibilizadas por las cadenas de intermediación, donde el precio se fija con base en la oferta del intermediario. Este control de la intermediación conduce a la especulación en los canales de distribución, incrementada por la emergencia. Por ello, es necesario intervenir y/o crear canales de distribución alternativa, que permitan llegar de forma más directa, progresiva y masiva a toda la población, mediante los canales de distribución alternativos, tradicionales con canales de información de precios abiertos, asequibles y democráticos y las compras públicas como estrategia controlada por el gobierno nacional y local.

• Hoy día son los grandes intermediarios (Centrales mayoristas y grandes superficies) los llamados a abastecer de alimentos a una población confinada. Sin embargo, no se visibilizan, fortalecen y apoyan las formas alternativas de distribución y comercialización de alimentos de la ACFC, como los mercados Campesinos, agroecológicos y étnicos que llevan más de 20 años funcionando en el país, respetando los precios a la producción, reconociendo y resaltando el importante rol multidimensional de la agricultura familiar y generando la posibilidad real de acceso de la población colombiana más pobre a alimentos saludables. Es de resaltar que muchas administraciones locales y entidades tienen convenios y contratos Por ello, se deben reactivar los mercados campesinos que se realizan en toda la geografía nacional.

• Una queja generalizada en todo el país, es como la ausencia de transporte legal en las veredas ha incrementado los costos de transporte de los productos agrícolas por encima del 100% o incluso hasta más.

• En nuestras costas colombianas, muchas familias que dependen de la pesca artesanal y de la agricultura tradicional se encuentran en una difícil situación, ya que no existe una garantía para la comercialización de productos derivados de las faenas de pesca artesanal en regiones del país que se conectaban directamente al turismo y al comercio por vía aérea, lo cual pone en grave riesgo de vulnerabilidad a los pescadores y sus familias. Estas y muchas familias productoras desconectadas de los sistemas de comercialización por las anteriores circunstancias están entrando rápidamente en condiciones de alta vulnerabilidad.

• Las economías populares urbanas y rurales vinculadas dinámicamente con la producción alimentaria nacional desde los toldos, restaurantes populares de las plazas públicas y comedores comunitarios son un baluarte social, cultural y económico invisibilizados y en riesgo inminente de desaparecer.

• No se han respetado los acuerdos de paz firmados en 2016, en especial en el Punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” y la Sentencia T-236/17 de la Corte Constitucional que estableció cinco elementos que se deben cumplir para aplicar el principio de precaución. La reactivación del “Programa de Erradicación de Cultivos de uso Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato – PECIG” que promueve el actual gobierno, es una acción enfocada solo en un plano militar y va en contra de la evidencia científica sobre sus daños a la salud y los ecosistemas que causa el uso de este herbicida. Por ello, nos unimos a las exigencias de las asociaciones campesinas, beneficiaros del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, diputados de los departamentos de Cauca, Guaviare y Putumayo que se enfocan principalmente en volver a la sustitución de cultivos de manera voluntaria, el PNIS que quedó definido tras la firma del acuerdo de paz. Las acciones de erradicación por aspersión solo agravarán la condición de las familias confinadas por la crisis del COVID -19 y que dependen de lo poco que alcanzaron a sembrar en sus parcelas para el autoconsumo.

• Una de las situaciones más delicadas expuesta por los representantes de las 36 organizaciones presentes, es el tema de seguridad en los territorios. Es evidente que después de la firma de los acuerdos no se ha garantizado el control institucional Estatal del territorio colombiano, alta y progresivamente financiado por la cooperación internacional para la paz. De tal forma que, una vez desarticulada la lógica armada de las FARC, los actores armados ilegales están de regreso para tomar el control territorial a costa de la vida de líderes sociales, autoridades étnicas y el desplazamiento y/o confinamiento de poblaciones enteras que hoy se recrudece en varios lugares del país. Todo ello, agravando las circunstancias ya difíciles que provoca el confinamiento obligatorio declarado por la emergencia del COVID -19.

• Las fronteras del país están siendo militarizadas en una estrategia que combina acciones de defensa de fronteras frente al COVID-19 y articulación a una tensión geopolítica internacional que no se compadece con la capacidad de respuesta médica regional que necesitamos priorizar para garantizar la salud de todas y todos.

• Las medidas de emergencia prometen ayudas a los productores como los créditos bancarios, en estas circunstancias, estas medidas solo les pueden generar ciclos de deuda, miseria y despojo más graves que los que ya viven. El endeudamiento de las familias campesinas y étnicas no es una solución ahora, como si lo puede ser el reconocimiento de sus productos y la generación de mecanismos que aseguren que éstos puedan comercializar sus productos y reciban una remuneración justa por su trabajo.

Las organizaciones aquí reunidas proponemos que el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y locales nos escuchen para que podamos ayudar a construir sus planes de emergencia, atendiendo no solo nuestras dificultades, sino también las propuestas que llevamos construyendo por años y que en circunstancias igualmente difíciles nos han protegido de la injusticia e inequidad, nos han permitido sobrevivir en nuestros territorios y proveer alimentos y servicios a las ciudades.

• La población rural en las comunidades campesinas y étnicas, así como los trabajadores rurales necesitan conocer y tener acceso real a las medidas e implementos que garanticen su seguridad, los gobiernos locales y regionales tienen que garantizar que la información e implementos de protección lleguen a las comunidades.

• Proponemos garantizar la protección de las personas que por sus faenas se ponen en riesgo de contacto con otras personas en actividades de producción, distribución y comercialización.

• Ejemplos de articulación de las organizaciones con la institucionalidad local en Antioquia y Quindío muestran que la producción de la ACFC y sus canales de distribución pueden adecuarse a las circunstancias y pasar de mercados presenciales al aire libre a entregas de canastas en puntos fijos o mercados a domicilio. Pero se necesita voluntad institucional para garantizar acceso real en lugares adecuados para realizar esta operación de forma segura; garantizar espacios que funcionen como centros de acopio descentralizados, así como transporte de abasto y distribución.

• Proponemos que nuestras semillas y los conocimientos que hemos adquirido para hacer producir nuestras tierras de formas autónomas y diversas, circulen hoy más que nunca para volver a sembrar el campo colombiano con nuestros propios alimentos.

• Proponemos garantizar una estrategia nacional de siembra diversa de cultivos transitorios de corto plazo, así como la cría y manejo de especies animales domesticas en silvopastoreo con los cuales la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria pueda autoabastecer a sus comunidades y abastecer el país rápidamente, fortaleciendo los mercados con nuestros productos y evitando cualquier tipo de emergencia alimentaria nacional.

• Proponemos que se adapten estrategias de protección a las economías populares alimentarias que mantienen el patrimonio cultural alimentario del país para que puedan mantenerse vivas y vinculadas a los escenarios de emergencia alimentaria.

• Exigimos que se detengan todas las formas de violencia y que todos los actores armados nacionales o internacionales paren sus acciones bélicas con consecuencias sobre el territorio nacional, generando más presiones para las comunidades por el control territorial e imposiciones insoportables para el sistema de salud, ya de suyo bien debilitado en la carrera por contener la emergencia del COVID -19.

• Exigimos detener todas las formas de erradicación de cultivos de uso ilícito vía aspersión aérea, las cuales pueden dejar sin comida miles de familias que se acogieron a las medidas PNIS.

• Proponemos que los Planes de Desarrollo con Enfoque territorial PDET sean priorizados de cara a estas circunstancias, teniendo en cuenta el fortalecimiento de la producción local, del sistema de salud público y de garantizar la educación de las niñas, niños y jóvenes rurales.

• Proponemos que se ubiquen con carácter urgente los hijos e hijas de familias campesinas y de comunidades étnicas que fueron a estudiar a las ciudades y no pueden regresar ni tampoco recibir la ayuda de sus familias para sobrellevar la medida de cuarentena.

• Proponemos que se genere una estrategia rápida en la que se puedan vincular las mujeres y los jóvenes hijos de familias campesinas y pertenecientes a comunidades étnicas para el desarrollo de emprendimientos innovadores en el contexto rural que permitan la generación de alternativas para atender la emergencia generado por el COVID-19

• Exigimos una propuesta rápida y clara respecto a la manera como será asumida la continuidad de la educación de nuestros niños y niñas cuando la mayor parte de nuestros territorios y comunidades no cuentan con acceso a internet, medios tecnológicos ni el conocimiento para continuar impartiendo la educación descontextualizada que venían recibiendo nuestros hijos y que hoy está suspendida.

• Proponemos que se reconozca y estimule desde los medios y el sistema las prácticas de salud preventiva que históricamente han practicado las familias y comunidades del contexto rural como el empleo de plantas medicinales y aromáticas.

• Proponemos que se ubique con carácter urgente las familias de la ruralidad dispersa que no pueden salir de sus casas ni llevar sus productos a los puntos de distribución o venta y se les garantice la alimentación suficiente y adecuada.

• Proponemos que se reconozcan y trabajen los casos de violencia intrafamiliar, extendiendo los planes de emergencia y medidas de atención psicosocial.
07 abril de 2020

Suscriben este documento las siguientes organizaciones.

  1. Asociación de Pescadores de Cordel Apescordel, Golfo de Morrosquillo
  2. Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC
  3. Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila Asocooph
  4. Asociación de Organizaciones Campesinas Populares El Común, Santander
  5. Asociación Tierra y Paz, Urabá
  6. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC Mocoa
  7. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC Zipaquirá
  8. Asociación de Desarrollo Comunitario del Quindío ADECOQUIN
  9. Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI
  10. Alianza por la Salud Alimentaria, Cauca
  11. Coordinador Nacional Agrario CNA / Cajibío
  12. Corporación ECOCAMPO, Cauca
  13. Corporación Compromiso, Santander
  14. Corporación Desarrollo Solidario CDS, Montes de María
  15. Corporación Buen Ambiente Corambiente – Bucaramanga, Santander
  16. Corporación de Estudios Educación e Investigación Ambiental CEAM – Medellín, Antioquia
  17. Corporación para el Desarrollo Sustentable – Roldanillo, Valle
  18. Corporación Casa Amazonia – Mocoa Putumayo
  19. Corporación Ambiental para el Fomento del Turismo Comunitario del Caquetá Corcaraño
  20. Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA / Cauca
  21. Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA / Nariño
  22. Comité de integración Regional Salsa Bogotá. Cundinamarca
  23. Epsagro Agropacífico, Chocó
  24. Foro Social Panamazónico FOSPA,
  25. Fundación Social Utrahuilca Fundautrahuilca – Neiva, Huila
  26. Fundación Activos Culturales Afro ACUA
  27. Grupo de Investigación en Agroecología GIA – UN Palmira.
  28. Grupo Interinstitucional y Comunitario para la Pesca Artesanal GICPA, Chocó
  29. Instituto Popular de Capacitación IPC, Medellín – Antioquia
  30. Mercado de la Tierra -Slow Food – Bogotá, Cundinamarca
  31. Mercado Agroecológico del Quindío, Armenia
  32. Mercado Tierra Viva – Bogotá – Cundinamarca
  33. Merca Orinoquia – Meta
  34. Organización Tres Colibrís, Cundinamarca
  35. Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas
  36. Red Colombiana de Agricultura Biológica RECAB, Medellín – Antioquia
  37. Red de Artesanos Mesa Larga – Popayán, Cauca
  38. Red de Mercados Agroecológicos del Valle REDMAC, Valle del Cauca